La reforma puede suponer un duro golpe al desarrollo local andaluz
Desde su andadura como ayuntamientos democráticos, las ciudades y pueblos andaluces, a pesar de la actual crisis, han experimentado avances incuestionables. Es más, las instituciones locales aparecen a menudo como una de las mejor valoradas por los ciudadanos. Todo ello a pesar de la insuficiente dotación financiera y de estar abrumados por las crecientes demandas de sus ciudadanos. También, en el ámbito político y social, los ayuntamientos han tenido un papel fundamental en la construcción de la democracia y en el desarrollo local, amen de haber contribuido a consensos básicos.
No olvidemos, por ejemplo, el papel primordial que tuvieron los ayuntamientos andaluces en la consecución de la autonomía para la región.
En los municipios, en el hábitat más cercano, en lo local, es donde se reside y se encuentran en gran medida no solo las señas de identidad sino también las soluciones a los problemas que más afectan al bienestar de las personas. Es fácil comprobar como en muchos municipios andaluces los ciudadanos buscan soluciones a sus problemas mediante el contacto directo con sus concejales y alcaldes.
No es un tópico. Los ayuntamientos son el poder más cercano a sus ciudadanos y si hablamos de pequeñas y medianas localidades son escasos los ciudadanos que no conocen y tienen contacto directo con sus representantes. Hecho lo más cercano a una democracia participativa y directa que, a seguro, cuesta trabajo trasladar a otros ámbitos superiores de las administraciones.
Si en algo no se equivoca el Ministro de Hacienda, en sus consideraciones sobre la reforma de la Administración Local, es que ésta es un proyecto que afecta a la "arquitectura institucional del Estado". Y de que manera.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado a conocer el anteproyecto. Tras su presentación ante el Consejo de Ministros lo ha remitido al Consejo de Estado para que haga aportaciones. Posteriormente pasará por las Cortes para su debate y aprobación. Las previsiones son que para el próximo otoño entre en vigor.
Los objetivos declarados de la reforma son clarificar las competencias municipales, reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan con “unos mínimos de eficiencia”.
De entrada se ve un planteamiento que para nada tiene en cuenta el verdadero problema de la mayoría de los ayuntamientos, la financiación local. A éstos se les debe de dotar de suficientes recursos económicos para la consecución eficiente de sus políticas. Es decir, dotarlos de seguridad financiera. En vez de solucionarlo se plantea un cambio de modelo que mucho cabe temer responde más a concepciones ideológicas que a otra cosa. Un modelo que aleja la democracia directa de la ciudadanía; que tiende a la centralización y a la concentración del poder; y que puede favorecer la privatización de muchas prestaciones públicas.
La mayoría de los municipios andaluces son pequeños y es sobre éstos donde recae la peor parte. El principal impacto de la reforma es que puede dejar a miles de ciudadanos sin la prestación directa de los servicios básicos que proporcionan estos ayuntamientos.
Con la visión solo economicista que plantea la reforma, sin tener en cuenta a las personas y sus necesidades, esos servicios prestados desde municipios pequeños tienen costes superiores. En consecuencia, las competencias pasarían a manos de las diputaciones, (más eficientes, a entender del Ministerio) que podrían verse excedidas por carencia de infraestructuras. Al final, siguiendo la lógica de búsqueda de la “eficiencia” de la reforma, la solución podría caer por su propio peso: La privatización de dichos servicios y, consecuentemente, la conculcación del derecho a unas prestaciones cercanas y públicas.
Reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo o reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales puede suponer un intento más de llevarnos hacia unos ayuntamientos vacíos de poder efectivo y sin capacidad alguna para solucionar los problemas de sus ciudadanos. Además, trasladar determinadas competencias a las diputaciones supondrá mayor lejanía para los ciudadanos.
Por otra parte, esta reforma no se atiene a la diversidad y particularidades que presenta la Comunidad. En una realidad municipal como la de Andalucía el resultado final puede ser hasta el contrario. Así, en cuanto al anuncio de que un elevado porcentaje de los concejales y alcaldes no tendrá sueldo, es no tener conciencia o pasar por alto deliberadamente que ese porcentaje ya carecía de sueldo fijo. Probablemente, lo que si tendrá una disminución serán el número de contrataciones laborales de los ayuntamientos. Precisamente en unos momentos en el que lo que menos se precisa es la pérdida de empleo.
Si todo lo anteriormente comentado es preocupante, tanto más lo puede ser el impacto que puede tener sobre el desarrollo local. Los ayuntamientos andaluces han contribuido en gran medida a mantener la población en el mundo rural, tanto en los pequeños como los medianos municipios. Han posibilitado políticas favorecedoras para el emprendimiento local.
Las empresas de Economía Social han sido y siguen siendo aliados naturales de estas políticas de desarrollo rural creando riqueza endógena en estos pueblos y ciudades. En más de doscientos pequeños municipios andaluces, las únicas empresas con trabajadores que existen son las de Economía Social. Empresas especializadas en generar riqueza aprovechando los recursos locales. La desaparición de competencias de muchos ayuntamientos puede dar al traste con un elemento que ha servido para arraigar la población a sus territorios a la par que ha conferido cohesión social y económica a la Comunidad.
La mejora de la administración local es necesaria, incluso es imprescindible que determinados factores se mejoren en una época como la actual. Incluso, cabe cuestionarse hasta el papel que desempeñan instituciones como las diputaciones, cuyas competencias, reubicadas en el ámbito municipal y autonómico, supondrían automáticamente un ahorro que casi duplica el anunciado por la reforma de la administración local.
Una reforma del calado de ésta y con la repercusión que puede tener sobre un elemento esencial de la arquitectura democrática debería contar con un amplio consenso en la defensa de un modelo de municipio donde la sostenibilidad económica, social y ambiental sean la seña de identidad; donde los servicios públicos prestados con calidad garanticen la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos; donde las posibilidades en el acceso al empleo estable y de calidad sean una realidad; donde la tolerancia y el respeto a la diversidad formen parte de su patrimonio cultural y social de cada entidad local.
La Economía Social andaluza como uno de los principales, por no decir el principal agente social y económico en muchos de nuestros municipios, estará siempre en la defensa de este modelo.
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