Las tarifas reabren la guerra del agua
La aprobación del plan hidrológico del Guadalquivir por
parte del Consejo Nacional del Agua no ha hecho más que reabrir la guerra
por el agua entre los agricultores, que acaparan el 92% de los usos en toda la
cuenca.
Los regantes se sienten agraviados por un régimen tarifario que prima
por igual a quien más agua ahorra que al resto, o que no pone límites al
consumo de las grandes zonas regables.
Como ha criticado el consejero
de Agricultura, Luis Planas, no es entendible que en una cuenca con
un déficit hídrico de un tercio de su volumen no se primen las medidas de
ahorro y no se establezcan límites indicativos al consumo.
El
nuevo plan del Guadalquivir poco o nada tiene que ver con el documento
consensuado hace tres años por los agentes sociales andaluces.
“Se ha roto el
consenso y se ha aprobado un plan por la puerta de atrás, retrocediendo de
forma importante en la política de ahorro del agua”, sostiene Agustín
Rodríguez, secretario general de UPA en
Andalucía, una de las organizaciones que votó en contra del plan en el Consejo
Nacional del Agua y que ha presentado un voto particular por su desacuerdo con
las medidas implantadas.
a regularización de
regadíos en Doñana"
En
síntesis, la UPA no entiende que se revisen al alza las dotaciones de las
grandes zonas regables históricas, con consumos por encima de los 6.000 metros
cúbicos por hectárea, y no se prime a cultivos, como es el caso del olivar, con
un consumo inferior a los 1.500 metros cúbicos por hectárea.
Los
consumos máximos para las grandes comunidades de regantes (de más de 2.500
hectáreas) era una propuesta de la Junta que el Ministerio de Agricultura
eliminó del plan hidrológico.
Feragua, la principal
organización de regantes andaluza, aplaude su supresión. “El establecimiento de
dotaciones máximas para las grandes comunidades no puede decirse que tenga
siquiera una justificación social”, indica su presidenta, Margarita Bustamante,
para quien el consumo por cultivos es similar en una superficie de regadío, con
independencia del tamaño de la comunidad.
Y desde la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir se
recuerda que el 65% de la superficie considerada como grandes zonas regables
está dividida en comuneros con parcelas de menos de 10 hectáreas por
propietario de media.
Pero
Areda, la asociación más representativa en el alto Guadalquivir y que también
prepara un voto particular contra la aprobación del plan hidrológico, no opina
lo mismo.
“El canon de riego para el olivar es similar al de cultivos con un
consumo mucho mayor, como cereales, algodón, arroz o fresa”, indica el
presidente, Marcelo Morales, que lamenta que con el plan aprobado no se
impulsen las medidas de ahorro.
El
plan hidrológico mantiene también el cobro por hectárea, y no por volumen real
consumido como defendían la Junta y otras organizaciones. El presidente de la
Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero, dice compartir esa propuesta,
que ya se establecía en la Ley de Aguas.
Ahora bien, apunta que la medida “sólo
es viable en aquellas explotaciones que hayan sido modernizadas, ya que el
resto no cuenta con las infraestructuras necesarias para ello”. Un argumento
que el responsable de la UPA considera una excusa. “Donde no se hayan puesto
contadores, que se pongan. No estamos dispuestos a que los regantes de olivar
sigan sufriendo un control absolutamente riguroso para ver si alguien se pasa
algún metro cúbico y sancionarlo”.
Y el presidente de Areda abunda al respecto
recordando que “la modernización de regadíos ha sido fruto de las grandes
inversiones acometidas por los agricultores”.
Precisamente,
el plan hidrológico deja también en el aire la regularización de unas 9.000
hectáreas de regadío contempladas en el Plan Especial de Ordenación de Regadío
de la Corona Norte de Doñana.
“Lo contempla con mucha ambigüedad y condicionado
a que los recursos lo permitan”, lamenta Agustín Rodríguez.
Los ecologistas de WWF han
advertido de que el plan hidrológico “agravará” los problemas de calidad y
cantidad de agua en Doñana.
Aunque
Feragua ha apoyado el plan del Ministerio de Agricultura, no descarta
recurrirlo, como ya hizo con el plan del Tinto-Odiel-Piedras, si no se modifica
y se garantizan dotaciones suficientes para el cultivo de la fresa.
Margarita
Bustamante considera que la dotación prevista para este cultivo, de 4.500
metros cúbicos por hectárea, “no está agronómicamente justificada por el
organismo de cuenca y pone en grave peligro la competitividad en los mercados y
el empleo que generan las explotaciones agrícolas de las zonas freseras de la
provincia onubense”.
Feragua dispone de informes técnicos que estiman para la
fresa en la zona regable Almonte-Marismas unas necesidades mínimas, como
dotación neta, de 5.600 metros cúbicos por hectárea.
Aunque
la Confederación del Guadalquivir destaca que el plan hidrológico se aprobó con
un respaldo del 86% y con solo seis votos en contra, uno de esos votos negativos
haya sido de la Junta de Andalucía, la comunidad por donde discurren el 98% de
los usos del agua.
Lo dice el consejero de Agricultura, Luis Planas, para quien
el plan aprobado “no se corresponde con la realidad de la gestión de los
recursos hídricos”. Planas admite que “hay un problema de gestión” en la cuenca
del Guadalquivir desde que ésta pasó otra vez al Estado tras la sentencia
del Tribunal Constitucional.
El Pais
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