Presidencia considera "capital" la llegada de los 4,9 hectómetros cúbicos del Chanza
La consejera de Presidencia, Susana Díaz, se reunió ayer en Bonares con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado para mostrarles "el compromiso inequívoco" de la Junta de Andalucía con el sector. En este escenario demandó del Gobierno central "la máxima celeridad" a la hora de dar a luz verde al preceptivo informe de evaluación ambiental que ha de expedir el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, el cual desbloquearía la construcción de las conducciones que permitirán hacer uso de los 4,9 hectómetros cúbicos transferidos desde la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir".
Se trata de una infraestructura que se presume capital y por la que el sector hortofrutícola lleva 30 años esperando para no supeditar el éxito de las campañas agrícolas al capricho de la meteorología.
El otro caballo de batalla que mantiene la Plataforma es que la Junta apruebe el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana que habría de ser una realidad en 2007 y que desde entonces lleva coleando en los cajones de la administración andaluza.
La consejera tampoco quiso concretar en esta ocasión una fecha sobre cuándo se dará respuesta a las 3.800 alegaciones que ha presentado el sector al primer borrador. Díaz se limitó a señalar que "serán respondidas con serenidad y rigor". Esta indefinición fue extensible a la hora de cifrar el número de hectáreas que permitirían garantizar la sostenibilidad del entorno y afrontar con garantías los periodos de sequía.
La Unesco ha dado de plazo hasta febrero para que Gobierno y Junta informen sobre la situación de Doñana. En su requerimiento incluyen exigencias como el ordenamiento de los regadíos y el fin de las extracciones ilegales del acuífero 27.
Durante la reunión celebrada en la sede de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, su presidente y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, expresó a la consejera una pormenorizada radiografía del sector agrícola y los problemas que entraña estar emplazados en una zona que se ve delimitada por cuencas hidrográficas, una rica en recursos hídricos y otra deficitaria. Precisamente, la cuenca del Chanza y el Bajo Guadiana acaba de decretar la alerta por sequía al bajar en un año las reservas en 185 hectómetros cúbicos.
El edil también expresó la necesidad de disponer de las infraestructuras que permitan el riego y, en paralelo, "solventar un problema que afecta a 3.000 agricultores de quienes dependen 100.000 empleos".
En la reunión estuvo representado todo el sector agrario, desde las asociaciones de agricultores de los términos de Bonares, Moguer, Lucena y Rociana, pasando por entidades como Freshuelva o Interfresa, así como los distintos alcaldes de dichas poblaciones.
El alcalde de Lucena, Manuel Mora, subrayó a los medios de comunicación que, con respecto al trasvase, el quid de la cuestión está en discernir si la declaración ambiental se aprueba a finales del mes de agosto o en marzo. El edil independiente insiste en la importancia de imprimir celeridad a estos trabajos, toda vez que si este informe no se demorase y una vez cursado el preceptivo periodo de alegaciones "podríamos estar hablando de que en octubre podrían comenzar las obras".
En cuanto al plan de regadíos el edil señaló que 1.600 de las hectáreas que quedaron fueran del borrador del plan presentan evidentes errores de cartografía que han de ser subsanados. Del mismo modo, recalcó que actualmente en la zona objeto de regulación se están regando unas 9.000 hectáreas, la misma superficie que primigeniamente se recogía en el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), si bien se apresuró a matizar que no aceptarán que se levanten aquellos cultivos que se encuentran actualmente en producción.
Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, achacó la demora en los trámites ministeriales a "una incomprensible falta de desconfianza" del Gobierno de la nación, si bien se apresuró a matizar que se trata de una apreciación "a título individual y no de la plataforma". Sin embargo, matizó que este temor es infundado en tanto en cuanto que los agricultores están demandando "algo inusual: agua superficial para evitar las extracciones y garantizar el medio ambiente".
El alcalde de Lucena también se mostró taxativo a la hora de desmarcarse de aquellos agricultores que han cometido ilegalidades en materia urbanística o contra la ordenación del territorio, para quienes reclamó la aplicación de la ley. En este sentido, argumentó que "vivimos junto a un Parque Nacional y queremos soluciones para conservarlo, al igual que la actividad económica de los agricultores".
Este proyecto de mejora y consolidación de los regadíos que impulsa la Comunidad de Regantes El Fresno representa una inversión de 17 millones de euros que crearían 700 puestos de trabajo durante los próximos 24 meses en los que se cifra su plazo de ejecución que comprendería las conducciones de doble tubería y la construcción de una balsa de riego en el término municipal de Rociana del Condado.
Por otra parte, ante la reunión de la consejera Susana Díaz con los regantes, el PP recordó en una nota que "el Gobierno ha hecho más en siete meses que el PSOE en siete años".
Huelva Información
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