DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CON MOTIVO DEL “30 ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEMOCRÁTICAS“
El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, al amparo de la recién aprobada Constitución de 1978.
La ciudadanía entraba por primera vez en los Ayuntamientos, en las Diputaciones, en los Cabildos y en los Consejos Insulares, sus gobiernos más próximos, y pasaron a dirigirlos.
Fueron los protagonistas del proceso de normalidad democrática que daba comienzo en nuestro país. Aquellas elecciones fueron el comienzo real de la gran transformación política, social y económica de España y del periodo más largo de progreso y de convivencia en libertad de nuestra historia.
Los primeros Ayuntamientos democráticos fueron el escenario del desarrollo y la
consolidación de la democracia, de la participación política, de la consolidación de los derechos de la ciudadanía pero también de la implantación y de la extensión de servicios, ahora universales, que han contribuido a aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Los Gobiernos Locales españoles han sido los principales motores del cambio social y los impulsores de los avances más importantes que ha vivido España. En estos treinta años, miles de hombres y mujeres han dedicado sus ilusiones, su tiempo y sus conocimientos a representar con dedicación y responsabilidad a sus vecinos.
Miles de personas que, en su condición de representantes públicos locales, Concejales y Concejalas y Alcaldes y Alcaldesas, han contribuido con su trabajo a la defensa de la libertad, por la convivencia y por la igualdad de oportunidades, valores supremos del sistema democrático.
En especial, queremos manifestar nuestro reconocimiento y solidaridad con todos aquéllos que han sufrido y sufren la amenaza terrorista de ETA y también el recuerdo emocionado de todos nuestros compañeros asesinados por defender las libertades y la democracia.
Los Gobiernos Locales españoles han participado de forma activa en la transformación de un estado centralista y totalitario hacia un Estado de Derecho, descentralizado y participativo. Como parte esencial del nuevo estado democrático, las Instituciones Locales hemos contribuido de forma activa a su construcción, hemos sido también responsables, con la sociedad y con los demás poderes públicos, de su consolidación, en un claro ejercicio de compromiso, de lealtad y de generosidad institucional.
Treinta años después, los Gobiernos Locales españoles todavía no tenemos el lugar institucional que la Constitución exige. El Estado ha evolucionado, pero no lo suficiente para aprovechar todo el potencial de solvencia, eficacia y eficiencia de los Gobiernos Locales, por su cercanía a los ciudadanos y por su capacidad de respuesta rápida a sus demandas.
Ha llegado la hora de los Gobiernos de proximidad. Somos tan Estado como los demás poderes públicos, pero con la ventaja de que estamos más cerca de la ciudadanía. Hemos demostrado, durante 30 años, nuestra capacidad de compromiso y eficacia con la ejecución de miles de obras públicas municipales financiadas con fondos propios o de la Unión Europea, y en la actual coyuntura económica con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
Consideramos necesario dotarnos de instrumentos que nos permitan paliar el actual déficit existente de representación institucional del poder municipal, especialmente en los ámbitos de discusión y negociación de los modelos de financiación.
En esta Legislatura, tenemos que contar con un nuevo modelo de financiación local, común para todo el territorio nacional, dotado de una adecuada participación tanto en los tributos del Estado (PIE), como en los de las Comunidades Autónomas (PICAS), suficiente y estable para satisfacer las demandas y necesidades reales de los ciudadanos y que debe ser elaborado y acordado con la FEMP de forma simultánea y vinculada al acuerdo de financiación con las Comunidades Autónomas.
Financiación local que debe ser coherente e ir acompañada por la aprobación en las Cortes Generales de un “Estatuto Básico del Gobierno Local” que defina de forma clara las competencias reales de Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, conforme al ejercicio de los principios de autonomía y subsidiariedad.
Reclamamos la implantación y desarrollo de modelos de financiación y estatutos del Gobierno Local en el ámbito autonómico, con los mismos principios de autonomía, suficiencia financiera y subsidiariedad.
Transcurridos 30 años de puesta en marcha y desarrollo de políticas publicas locales, que han transformado el perfil de nuestros pueblos y ciudades, tenemos en nuestro horizonte importantes retos, que queremos afrontar con empuje y decisión, desde la responsabilidad y desde la confianza que nos otorgan la masiva participación ciudadana en las sucesivas convocatorias electorales, que nos hacen renovar nuestro firme compromiso cívico de progreso y cohesión social. JAGarcia.
