Cerca de medio millar de personas reclamaron ayer a las administración competente (es decir, a la Junta de Andalucía) que tumben la modificación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que promueve la Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, lo que le abriría las puertas a la quema de residuos no peligrosos: biomasa, plásticos y neumáticos.
La marcha social, a la que se han sumado los tres partidos políticos con representación en la cámara local (PSOE, PA y PP), comenzó desde el pabellón y fue recorriendo el municipio hasta alcanzar la planta, situada en la otra orilla del río Tinto.
Fue frente a la industria cementera donde se dio lectura a un comunicado en el que mostraron el "rechazo más absoluto" a un proyecto "que va contra la calidad de vida de todos los ciudadanos". La plataforma insistió en que "estamos cansados de respirar veneno en esta nuestra Huelva" y que no van a permitir que "el Condado se convierta en un punto negro de España."
En este sentido, Elisa Gómez, portavoz de la plataforma, añadió que otros municipios como "La Robla, El Bierzo y Córdoba pararon con la presión popular las ínfulas de poder y los delirios de grandeza de multinacionales que miran muy poco por la salud de los vecinos, sino tan sólo y únicamente por llenar sus bolsillos".
Por otra parte, en el comunicado advirtieron de que la incineración de residuos es "altamente tóxica y contaminante, según avalan cientos de estudios médicos y científicos que apuntan cómo el riesgo de contraer cáncer se multiplica entre aquellos ciudadanos que están expuestos a los contaminantes que se emiten en un proceso de combustión de residuos". Por último, concluyeron que en el medio ambiente de los iliplenses "no manda ninguna Consejería de la Junta, aquí no mandáis vosotros. Nadie os ha dado el derecho a jugar con nuestra salud y no pararemos en nuestro empeño de no permitirlo".
La representación política estuvo encabezada por la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, junto a Félix Castillo y Antonio Fernández, portavoces respectivamente del PA y PP. La regidora municipal reiteró una vez más su oposición frontal al proyecto de valorización energética y anunció a este rotativo que "pedirá a la Junta de Andalucía que no autorice la actividad". Menos decidida se mostró a la hora de judicializar el conflicto, después de que la empresa firmara en 2007 un compromiso ante notario de no quemar residuos. "No es el momento, ya se verá", afirmó de forma escueta, mientras explicaba que, de momento, la cementera no ha logrado la AAU. A este respecto, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, aseguraba la pasada semana que la Administración andaluza está estudiando el proyecto y aseguró que el Ayuntamiento "tendrá toda la información" sobre el mismo cuando haya que pronunciarse.
Según la plataforma, la manifestación ha sido únicamente la punta del iceberg, mientras señalaban que han recopilado el respaldo de 1.000 firmas a lo largo de las últimas semanas, lo que, a su juicio, acredita la oposición social a dicha quema de residuos.
En la jornada de ayer no sólo se valoraron razones medioambientales si no también jurídicas. Gonzalo Amador, vocal de la plataforma, insiste en que únicamente se le reclama a la empresa que cumpla con los compromisos adoptados por su consejo de administración el 7 de marzo de 2007, en el cual se "aceptan en todos sus términos la totalidad de las condiciones recogidas en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Niebla", donde se incluía que sólo se podría quemar "combustibles tradicionales.
Este convenio llegaba precisamente tras otra movilización en Niebla, cuando la anterior propietaria de la planta, Cosmos, planteó la construcción de un nuevo horno por vía seca para incrementar la producción de cemento. La presión popular y las campañas de concienciación ciudadana sobre los problemas de salud que podría acarrear se demostraron decisivos para que la empresa desistiera. Dicho acuerdo fue elevado a escritura pública, si bien el Amador destaca que la empresa ya ha incumplido otros acuerdos, como la construcción de una pantalla natural.
El grupo brasileño Votorantim insiste por su parte en que la energía representa el 38% de los costes de una planta cementera, por lo que reducir esta factura es "imprescindible para garantizar la competitividad con empresas y plantas coetáneas asentadas en zonas como Jerez o Málaga, que desde hace años valorizan energéticamente residuos". Así, "con el consumo de cemento en mínimos históricos, Niebla precisa de competir en igualdad de condiciones si quiere ser rentable".
En cuanto al compromiso empresarial de no quemar residuos firmado por Cosmos, fuentes de la empresa subrayaron su más escrupuloso respeto por las leyes en cada país donde opera la multinacional. "Por principios, cumplimos la ley y en este sentido cualquier resolución al respecto será acatada como no podía ser de otra manera". En cualquier caso, insisten en posicionar el debate en que la valorización de residuos es una técnica "sin riesgos medioambientales ni para la ciudadanía", dado que las diferencias con las incineradoras son "sustanciales". En primer lugar, añade, por el propio control de los gases que se vierten a la atmósfera, y por otro, porque continua utilizándose combustible fósiles, si bien una parte se sustituye por estos otros residuos", explicó la compañía a Huelva Información.